Pilares de la Ley 11/2009

La ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, tiene como punto fuerte los derechos que se les otorgan a los ciudadanos en la citada ley. En base a esta ley, las administraciones públicas tienen que realizas una serie de actuaciones para que se cumplan dichos derechos.

Los Derechos son:

• Acceso electrónico a las Administraciones Públicas.


• Elegir, entre aquellos que en cada momento se encuentren disponibles, el canal a través del cual relacionarse por medios electrónicos con las Administraciones Públicas.


• No aportar documentación que obren en poder de las Administraciones Públicas.


• La igualdad en el acceso electrónico a los servicios de las Administraciones Públicas.


• Acceder por medios electrónicos a la información de los expedientes.


• Obtener copias electrónicas.


• La conservación en formato electrónico, por parte de las Administraciones Públicas, de los documentos electrónicos que formen parte de un expediente.


• Usar la firma electrónica como medio de identificación y presentación de documentación.


• La garantía de la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas.


• Calidad de los servicios públicos prestados por medios electrónicos.


• Utilizar estándares abiertos para comunicarse con las Administraciones Públicas.

Atendiendo a los derechos indicados que la Ley reconoce a los ciudadanos, se pueden inferir una serie de requisitos mínimos y otros opcionales que los Ayuntamien­tos deben cumplir para su adecuación a la Ley.

En resumen, las administraciones públicas tienen en relación con la utilización de los medios electró­nicos en la actividad administrativa, y en los términos previstos por la Ley, las siguientes obligaciones:

• Fomentar múltiples canales de acceso a la información.


• Asegurar la interoperabilidad organizativa, semántica y técnica.


• Validez documental y de gestión de la copia electrónica.


• Herramientas de consulta del expediente electrónico.


• Admitir el DNI-e y demás sistemas de firma electrónica.


• Estrategia documental y repositorio unificado de documentos.


• Cumplimiento de la LOPD.


• Medir la calidad de los servicios prestados.


• Disponibilidad 24x7.


• Calidad de los servicios públicos prestados por medios electrónicos.


• Compatibilidad con los diferentes navegadores y formatos.